El terrorismo del que poco se habla

Revisar  lo que ocurre en el mundo resulta preocupante, particularmente cuando muchas de las agencias internacionales y medios locales suelen restarle importancia.   Lo paradójico es que lo mismo que se registra en algunas latitudes, donde se difunde como injusto, en otras se disemina como hechos normales y hasta parece portar una dosis de tolerancia.  

Lo que usted leerá es el resultado de consultas  realizadas en diversos espacios alternativos. Tiene poco impacto porque no se transmite a través de los medios tradicionales, lo cual no es casual, forma parte de la cadena desinformativa global.   

“Abajo los muros de las prisiones”, era una de las arengas pronunciada por las madres de reos colombianos durante una protesta que tuvo lugar en las principales calles de Bogotá, en mayo de 2012.  Sus hijos son víctimas del terror que impera en el sistema carcelario de Colombia. Por ello  decidieron caminar desnudas, como acto de protesta.  

Según informes presentados por diversas organizaciones colombianas ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el hacinamiento en las prisiones supera el 40 por ciento.   

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC- hasta marzo de 2012 reportó 105 mil 474 presos en las 114 cárceles de todo el país. Hay 22 mil bajo detención domiciliaria y 130 mil 614 privados de su libertad. Peor aún, 40 mil tienen años de estar en calidad de sindicados, a la espera de ser juzgados.

En Bogotá, La cárcel Modelo, con capacidad para 2 mil 700 internos, mantiene detenidos a 6 mil 550.  Muchos ocupan los techos de los pasillos y duermen en hamacas hechas de mallas, sábanas y ropa vieja, amarradas a los cielos rasos, que a su vez son objeto de disputa entre los reos. Las celdas miden 1.80 por 2 metros cuadrados donde solo debe pernoctar una persona, pero lo hacen 5.

A los presos se les niega el consumo de agua potable y se les entrega raciones de comida podrida o con restos fecales, según lo difundido por la propia Comisión para Derechos Humanos de Naciones Unidas. Las madres denuncian que los custodios botan las comidas que les llevan a sus hijos.

En Bogotá los reos son bañados con agua helada y forzados a permanecer desnudos en patios con temperaturas que bajan hasta 5 grados.

Diversos sectores han denunciado que el gobierno criminaliza a quienes les cuestionan, a través del aparato judicial y el sistema penitenciario. Estas políticas involucran tanto la gestión del expresidente Álvaro Uribe como la del  presidente, Juan Manuel Santos.

La existencia de presos políticos es negada por el gobierno. En febrero del 2012, en el encuentro “Colombia entre rejas”, se confirmó la cifra, 9 mil 500. Se estima que cerca del 90% son civiles encarcelados. Se mencionan sindicalistas, ambientalistas, líderes agrarios, maestros, académicos críticos, abogados, médicos y defensores de derechos humanos.

La legislación  colombiana contempla  la sedición y la asonada como conducta delictiva, esto  evidencia que sí existen los delitos políticos. Por ello miles de colombianos han sido condenados por rebelión.

Diversos organismos han investigado y comprobado que desde la década del 70 hay denuncias por persecución política.  A partir del 2006  varias organizaciones de derechos humanos alertaron de la existencia de 7 mil 500 personas privadas de libertad por causas políticas.  La negación del gobierno levanta mayor suspicacia cuando su propio Ministro de Justicia rechaza el regreso de la Comisión Internacional de Observación a las Cárceles.

Informes de organizaciones que abogan por los derechos humanos, aseguran que los prisioneros son torturados, confinados a calabozos y sometidos a golpizas. Incluso hay testimonios de fatalidades porque a los prisioneros se les negó el derecho a recibir asistencia médica.  A los  enfermos terminales se les impide tomar  medicamentos, esto les ocasiona fuertes dolores.  

El abogado español Enrique Santiago, asesor de la Comisión Internacional de Observación de los Derechos Humanos en los Establecimientos Carcelarios,  visitó  algunas cárceles. Durante una entrevista dijo que el cambio implementado por el expresidente Uribe en el sistema carcelario eliminó el disfrute de los derechos básicos de los reos, sin discriminar al tipo de prisionero. 

Corroboró los montajes judiciales, las pésimas condiciones que viven los reclusos y la construcción de cárceles de máxima seguridad, para desviar recursos públicos.  Aseguró que los castigos se convierten en torturas y citó a una interna que fue aislada por dos meses en un cubículo donde es imposible dar un solo paso. La mujer fue sancionada por llevarle la contraria a la directora del penal.

Se refirió a la pena perpetua que se aplica en Colombia, prohibida en la legislación internacional por inhumana y degradante.  Explicó que la reforma del sistema penitenciario realizada por Uribe, permite el cumplimiento efectivo de hasta 60 años de condena que se convierte en cadena perpetua.

Testimonios de las víctimas corroboran que el terrorismo judicial incluye el asesinato de familiares de presos políticos y prisioneros de guerra, solo por negase a colaborar como testigos falsos por la policía en falsos procesos, abiertos contra campesinos, sindicalistas y activistas sociales.

La historia de Colombia continúa escribiéndose a tinta de sangre. El dolor de los campesinos despojados de sus tierras por poderosos terratenientes y latifundistas, se ha extendido a otros sectores de la población que han denunciado estos crímenes. El telón de violaciones a los derechos humanos no será bajado  mientras existan estados que con su silencio se hagan cómplices del terrorismo del que poco se habla.