“El pueblo al poder”, Ernesto Pérez Balladares; “Por un mejor Panamá”, Mireya Moscoso; “Sí se puede”, Martín Torrijos”, y “Los locos somos más”, Ricardo Martinelli, son eslóganes de las campañas políticas, posinvasión. Para todos es sabido que los electores evalúan a los presidentes, según el cumplimiento de sus promesas. En términos de administración, cabría preguntar, ¿las promesas incluyen a ministerios e instituciones?
En 1996, la administración Balladares creó el Ente Regulador de los Servicios Públicos, para garantizar excelencia en los mismos, luego de privatizar el IRHE y el Intel. En Latinoamérica estas instituciones han demostrado ser ineficientes. Según los expertos, por falta de independencia. En EU y Europa los reguladores son independientes. En Panamá, el Estado es regulador y funge como socio de las empresas privatizadas (C&W, Unión Fenosa y Elektra Noreste.
Las excusas de los gobiernos para privatizar, siempre son las mismas, ineficiencia del Estado para administrar y poca capacidad para invertir. Los beneficios prometidos también son los mismos, precios bajos y excelencia en la prestación de los servicios. Hoy se cuestiona si la telefonía fija y pública es menos costosa que cuando estuvo bajo la administración del Intel y si los servicios eléctricos son más onerosos que con el antiguo IRHE –el Estado subsidia a un sector de los usuarios.
Juan R. Porras, el vendedor del Intel, no logró convencer a Balladares de crear un ente exclusivo para atender el sector telecomunicaciones. Contrario a ello, el ex presidente nos regaló una institución creada para regular sectores disímiles, como electricidad, telecomunicaciones, agua y alcantarillado sanitario, similar a lo que ocurre en otros países latinoamericanos.
El regulador atiende a los medios, regula las frecuencias en el espectro radioeléctrico y otorga licencias de locución para radio y televisión, sin contar con expertos en el tema. Expide licencias, sustentado en la certificación que algunas universidades le confieren a quienes hayan recibido un curso de locución. Los aspirantes que reciben los cursos, no son sometidos a evaluaciones para determinar si son locutores idóneos. Vaya manera de desprestigiar a los profesionales de la comunicación que ya están en el mercado.
La criatura del Toro nació con tres cabezas. Las decisiones más importantes debían ser tomadas por consenso o unanimidad. Eran tres directores conespecialidades diferentes. El director de electricidad quería aplicar el formato eléctrico a la hora de regular telecomunicaciones o agua potable y viceversa.
Mientras la señora Moscoso dejó intacta la creación de Balladares, Torrijos intentó corregir el fenómeno. Creó por decreto ejecutivo la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (Asep) y reemplazó las tres cabezas por una. Los resultados parecen poco alentadores.
La falta de expertos también ocurre en la regulación por sí misma, es decir, funcionarios sin formación en la materia. La regulación implica conocer toda su complejidad, en términos jurídicos y en el aspecto técnico de mercado del sector a regular. ¿Cuántos de estos expertos laboran en la Asep? Los pocos que había fueron despedidos u obligados a salir hace menos de un año. ¿Dónde están las multas contra las empresas que violan nuestros derechos?
La iniciativa legislativa que plantean dos diputados para que Unión Fenosa y Elektra Noreste se responsabilicen por los daños ocasionados en nuestros equipos, debido a las interrupciones en el suministro eléctrico, es otra evidencia de que la Asep es un convidado de piedra. Los diputados deberían leerse, la Ley 26 de 29 de enero de 1996, que creó el Ente Regulador; la Ley 6 de 3 de febrero de 1997, mediante la cual se dicta el marco regulatorio e institucional para la prestación del servicio público de electricidad; la Ley General de Telecomunicaciones y el decreto 73 de 1997.
¿Dónde están los registros y listados públicos con los nombres de las empresas de telecomunicaciones infractoras, que indique la fecha de la infracción y la sanción aplicada en los últimos cinco años, según lo establece el artículo 319 del Decreto Ejecutivo 73, de 29 de abril de 1997?
Señor Presidente, alguien le oculta lo que ocurre con el regulador, pues no solo debe ordenar la generación eléctrica, como ha sido su preocupación –desde antes que usted ascendiera al poder–, también debe velar por el bien común y evitar conflictos entre concesionarios y usuarios. Acaso la Asep antepone los intereses de algunos de sus funcionarios, por los intereses del pueblo”? ¿Será esta otra promesa por cumplir?
