Cada día es mayor el número de noticias que se divulga a nivel mundial, sin
que ello signifique que la gente esté realmente enterada de lo que ocurre. Acceder
a la información es más complicado de lo que parece, particularmente por el
control que diversos actores ejercen a su alrededor. Las constantes amenazas y
restricciones a los que están sometidos los periodistas, complican el ejercicio
de la profesión, sobre todo por el rigor de independencia que la disciplina
exige. En el “Día del Periodista” que se conmemora en Panamá el 13 de noviembre
de cada año, consagrado en memoria del periodista y poeta Gaspar Octavio
Hernández, quien murió sentado frente a su máquina de escribir, es justo
recordar que lo antes expuesto, pocas veces es objeto de reflexión y debate en
el periodismo nacional. Veamos algunos escenarios del plano global y local.
Los últimos escándalos sobre el espionaje que han salpicado al
presidente de Estados Unidos, Barack Obama, están íntimamente ligados a la
falta de información, ocultación de hechos, y violación a los derechos humanos.
En octubre del 2013, el Comité para la Protección de los Periodistas -CPJ-,
organización independiente que promueve la libertad de prensa y los derechos de
los periodistas a nivel mundial, con sede en Nueva York, publicó un informe que
revela que los empleados gubernamentales de EE.UU, viven en constante temor de
hablar con los medios. Los sospechosos de conversar con periodistas sobre
cualquier tema que el gobierno haya clasificado como secreto, son investigados,
sometidos a la prueba del polígrafo y a un escrutinio en sus cuentas
electrónicas y números telefónicos.
El “Programa contra amenazas Internas”, vigente actualmente, ordena a los
empleados federales a vigilar a sus colegas para ayudar a prevenir la
filtración. La ley de Espionaje de 1917, aprobada durante la Primera Guerra
Mundial para evitar el espionaje de extranjeros, se emplea con el propósito de
castigar a quienes filtren información clasificada a los medios, perseguir a periodistas
y a sus fuentes.
Para el veterano corresponsal del New York Times en Washington, David
Sanger, esta es la administración más cerrada y obsesionada por controlar la
información que él haya cubierto jamás.
El editor The Guardian, Alan Rusbridger, en agosto de este año publicó
un artículo en el que denuncia que el gobierno británico lo amenazó de emprender
acciones legales en su contra, al menos que destruyera o entregara a las
autoridades los discos duros con la información que le proporcionó el exagente
de la CIA y de la Agencia de Seguridad Nacional –NSA-, Edward Snowden. El periódico
londinense fue el primero en publicar las filtraciones sobre el espionaje de
Estados Unidos, que ha desatado un escándalo mundial.
En Panamá, la situación no es muy diferente. Al estilo de lo ocurrido
con Julian Assange, Bradley Manning y Edward Snowden -perseguidos por revelar
secretos del mal- la procuradora Ana Belfon, exfiscal durante el régimen de
Manuel Antonio Noriega, en octubre de este año presentó una propuesta ante la
Asamblea Nacional que busca castigar a quien difunda información contenida en
correos electrónicos.
Con la intención de silenciar a periodistas, se lanzan campañas orientadas a poner en duda su integridad. El chantaje está incluido. Existen informes públicos bajo custodia del gobierno del presidente Ricardo Martinelli que solo se filtran a ciertos medios. Hay otros documentos a los que nadie tiene acceso. Las vocerías del gobierno evaden ser el centro de atención en torno a su deber de rendir cuentas. Las evasivas sin argumentos sobre interrogantes puntuales en torno a escándalos por presunta corrupción y sobrecostos en los grandes proyectos que intentan terminarse a la carrera, previo al torno electoral de mayo del 2014, se han tornado natural en esta administración. Las presiones sobre dueños de medios, directivos y periodistas, en algunos casos, logran tener éxito. A los periodistas se les veda divulgar ciertas noticias, mientras a otras se les mutila sus contenidos. Es una modalidad de censura que no se denuncia. El estilo actual de amenazas contra periodistas ya había sido practicado antes por el hoy presidente Martinelli, cuando fue candidato en los dos períodos anteriores.
Con la intención de silenciar a periodistas, se lanzan campañas orientadas a poner en duda su integridad. El chantaje está incluido. Existen informes públicos bajo custodia del gobierno del presidente Ricardo Martinelli que solo se filtran a ciertos medios. Hay otros documentos a los que nadie tiene acceso. Las vocerías del gobierno evaden ser el centro de atención en torno a su deber de rendir cuentas. Las evasivas sin argumentos sobre interrogantes puntuales en torno a escándalos por presunta corrupción y sobrecostos en los grandes proyectos que intentan terminarse a la carrera, previo al torno electoral de mayo del 2014, se han tornado natural en esta administración. Las presiones sobre dueños de medios, directivos y periodistas, en algunos casos, logran tener éxito. A los periodistas se les veda divulgar ciertas noticias, mientras a otras se les mutila sus contenidos. Es una modalidad de censura que no se denuncia. El estilo actual de amenazas contra periodistas ya había sido practicado antes por el hoy presidente Martinelli, cuando fue candidato en los dos períodos anteriores.
La ausencia de análisis y contextualización de algunos acontecimientos, también
amenazan el trabajo del periodista y atentan contra el derecho que tiene la
gente a saber la verdad. La actividad reporteril, sometida a diario a limitaciones
de tiempo y espacio, como excusa de la pretendida inmediatez y primicia, arroja
como resultado la difusión de notas breves, superficiales y sin contenido. Para
el periodista español y analista del fenómeno, Pascual Serrano,se trata de jibarizar la
comunicación, es decir, reducirla a su mínima expresión. Al respecto apunta
algunos espacios en internet y el lado nocivo de las modernas tecnologías,
incluyendo las redes sociales.
Twitter, la red social donde los temas centrales giran alrededor de la
información y la opinión pública y cuyos protagonistas suelen ser las figuras
públicas y los medios masivos de comunicación, cada vez se está explotando más para
coartar la libertad de pensamiento y expresión de los periodistas. En EE.UU. Inglaterra
y Brasil, existen medios de comunicación que han adoptado reglamentos para impedirles
tuitear determinado tipo de comentarios y datos noticiosos. La opinión no se
admite porque es subjetiva y la idea es convencer a la gente de que el
periodista y los medios son objetivos,
aunque existan posiciones claramente definidas, antes de procesar y publicar un
suceso. Pese a que en el resto de Latinoamérica no se ha formalizado este nuevo
estilo de censura, a través de un reglamente, como ocurre en Brasil, sí se formulan
las debidas recomendaciones con sutiles advertencias, en algunos casos de forma
indirecta y en otros de manera directa.
El sagrado apostolado del periodismo, seguirá siendo arriesgado, con el
sacrificio de la vida que ha significado para muchos. En los últimos años vienen
surgiendo espacios alternativos que abren nuevas oportunidades y opciones para
realizar el periodismo independiente que regularmente se dificulta concretar en
los medios tradicionales. Es el deber que tienen los periodistas por ejercer el oficio
más difícil, pero también el más fascinante.