Contradicciones y muchas preguntas ha generado el asilo concedido por el presidente Ricardo Martinelli a María del Pilar Hurtado, la directora del Departamento Administrativo de Seguridad de Colombia (DAS) durante el gobierno del ex presidente Álvaro Uribe.
Hurtado, forma parte de una veintena de funcionarios y ex funcionarios del DAS, que están siendo procesados en su país por las escuchas ilegales.
El afán mediático por revelar el escándalo del asilo, pasa por alto los oscuros intereses que podrían esconderse tras las verdaderas intenciones del ex jefe de la Casa de Nariño, a quien El Tribunal Constitucional le frustró sus intenciones de continuar en el poder, en un tercer periodo consecutivo.
Según el periodista colombiano, Juan Cendales, no es la primera vez que a ex funcionarios de Uribe, investigados en procesos judiciales, tratan de encontrarles refugio. Sostiene que este parece ser el camino diseñado por Uribe para quienes podrían terminar señalándolo como cerebro de sus acciones ilegales. Cita varios casos: Jorge Noguera, primer director del DAS, hoy en prisión por sus vínculos criminales con el para-militarismo y quien fue designado cónsul en Milán, en medio del proceso que se le seguía. Salvador Arana, (actualmente en prisión), enviado a la embajada de Colombia en Chile, cuando era acusado del asesinato de un alcalde del partido, “Polo Democrático Alternativo”. Varios jefes paramilitares fueron extraditados a Estados Unidos cuando sus confesiones empezaban a tocar el círculo más estrecho del ex presidente Uribe.
El director del medio independiente en Colombia, Noticias Uno, Daniel Coronell, dijo a la cadena televisiva CNN en español que fue Uribe quien le sugirió a Hurtado solicitar asilo político en Panamá.
En abril del 2009 se destaparon las chuzadas, así le dicen en Colombia a lo que acá conocemos como pinchazos. En los últimos 7 años, el DAS - principal organismo de inteligencia colombiano, que depende directamente del la Presidente - interceptó, de forma ilegal, las comunicaciones de políticos, (entre ellos, la diputada Piedad Córdoba), periodistas, jueces de la Corte Suprema, políticos opositores y organizaciones defensoras de los derechos humanos.
Según una noticia difundida en Colombia por la emisora Santa Fe, a principios de noviembre, el ex director de la oficina de análisis del DAS, Gustavo Sierra declaró a la Fiscalía que durante el gobierno de Uribe (2002-2010) la Cancillería, el Ministerio del Interior y la Vicepresidencia, recibieron información sobre estas escuchas ilegales. La información llegaba a la Presidencia a través de una valija, primero pasaba por el despacho del ex secretario general de la Presidencia, Bernardo Moreno, inhabilitado por 18 años para ejercer cargos públicos por las escuchas ilegales.
La emisora informó que la ex subdirectora de Operaciones del DAS, Martha Inés Leal aseguró ante la Fiscalía que el ex director, Andrés Peñate, quien planeaba viajar a Panamá y quien debía rendir indagatoria el 2 de diciembre de 2010 ante la Fiscalía General de Colombia le ordenó hacer seguimientos a miembros de la oposición por solicitud del ex presidente Uribe. Por ello y pese a las negaciones de Uribe de haber ordenado el espionaje y las chuzadas, será investigado por la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes del Congreso
El artículo14 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que en caso de persecución, toda persona tiene derecho a solicitar asilo y a disfrutar de él en cualquier país.
La norma señala que ese derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas. ¿A qué persecución o temores se refiere la señora Hurtado y sus encubridores en Panamá?
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